Opinión: ¡No a la violencia política contra las mujeres¡. María del Carmen Alanis
Fuente: El Universal
En el mundo se escuchan gritos y reclamos. Se emiten leyes (muy pocas), documentos casos y se presentan denuncias (pocas y sin vías claras de acceso a la justicia), pero poco nos hemos concentrado en la conceptualización y en la tipificación de la violencia política en contra de las mujeres. México, lo sostengo con mucha tristeza y preocupación, es testigo de ello. Violencia hacia mujeres que aspiran a ocupar un cargo público o que lo desempeñan, alcaldesas, regidora, legisladoras, juezas, procuradoras, secretarias, directoras, jefas de departamento, coordinadoras de campaña, periodistas, familiares de las políticas… in interminable etcétera.
Justo acabamos de atestiguar el secuestro, tortura y asesinato de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, municipio guerrerense. También el atentado (“confusión”, dicen) en contra de Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas.
Mujeres indígenas a quienes no permiten participar alegando “usos y costumbres”; que son objeto de presiones por impugnar candidaturas que no respetan la paridad a nivel municipal. Yo misma fui víctima de mensajes discriminatorios vía Twitter mientras participaba en un evento conmemorativo del día internacional de las mujeres en el INA, hechos que ayer denuncié ante la Fepade.
El día de hoy, Mujeres en Plural emite un posicionamiento condenando la violencia política, mujeres representativas de todos los partidos políticos, funcionarias públicas, activistas, intelectuales, periodistas y de muchos sectores más, nos unimos para actuar y pedir que se garantice la seguridad de las mujeres en los proceso electorales y se establezcan mecanismos de atención y denuncia. Además, debido a que las iniciativas presentadas por senadoras y diputadas no han sido aprobadas, solicitamos que también se adopten medidas legislativas.
Pero ¿qué debemos entender por violencia política de género? Todas aquellas acciones, omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en el sexo o género de una persona, tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público; o bien la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Puede estar dirigida a una persona en particular, a su familia, su comunidad o a un grupo.
Ejemplos hay muchos: registro fraudulentos de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones; exigencia de los partidos para que las mujeres firmen renuncias en blanco antes de registrarlas como candidatas; registro de mujeres a distritos perdedores; inacceso a recursos de campaña o mal uso de los mismos; ocultamiento de información; desestimación o descalificación de las propuestas; agresiones verbales estereotípicas y discriminadoras, agresiones físicas, violencia sexual, acoso e incluso asesinato –como el caso lamentablemente ilustrativo de Juana Quizpe Apaza, concejala boliviana asesinada en 2012, presumiblemente por razones de género y política-.
Las autoridades electorales debemos facilitar la vía para denunciar la violencia política, atender los caos de manera inmediata y adoptar medidas de reparación eficaces. Asumamos cada cual la responsabilidad que nos toca para hacer realidad la más básica aspiración de una sociedad: igualdad y justicia.
